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  Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

Con 31 votos a favor, 11 en contra y dos abstenciones, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública avaló la opinión en sentido positivo del proyecto de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, iniciativa preferente enviada por el Ejecutivo Federal. 

Durante la reunión semipresencial, las y los legisladores contrastaron sus posturas. El diputado Fernando Galindo Favela (PRI), secretario de la Comisión, advirtió que la iniciativa va en sentido contrario a las señales que se deben enviar al mundo, ya que para él, México demostrará certidumbre jurídica, respeto al estado de derecho, que estamos dispuestos a reducir los costos de generación eléctrica y comprometidos con el medio ambiente, para incrementar la competencia económica y las inversiones.

La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (MC), secretaria de la Comisión, dijo estar de acuerdo en la necesidad de fortalecer el sector eléctrico mexicano; sin embargo, “no puede ser a costa de la economía de los mexicanos y las mexicanas, de un modelo deficiente, rebasado y además contaminante”.

La diputada Rocío Barrera Badillo (Morena), integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, señaló que “se tiene a la vista esta valoración de impacto presupuestal emitida también por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas, y se coincide en términos generales con sus conclusiones: la iniciativa generaría un efecto positivo en las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad”.

• Por su parte, el diputado Benjamín Robles Montoya (PT), integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, sugirió que no se le mueva ni una coma a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

  
  

  Quien explicó cómo se llevará a cabo la legislación de la iniciativa fue el presidente de la Comisión, el diputado Erasmo González (Morena); detalló que “hay un plazo de 30 días para que se pueda establecer la ruta en la Cámara de Diputados, y bueno la discusión en la Comisión de Energía también será en breve, y posterior, pasará a la Cámara de Senadores para también su trato preferente, que es una potestad del Ejecutivo federal”.

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