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15 de Diciembre de 2020
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El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reforma constitucional que adiciona una fracción XXIII Bis al artículo 73 de la Carta Magna a fin de facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general en materia de seguridad privada.
El dictamen indica que la adición a dicha fracción deberá establecer las reglas y la autoridad facultada para autorizar y regular a los prestadores de servicios de seguridad privada en todo el territorio nacional.
Prevé fijar las reglas de coordinación entre las personas autorizadas a prestar los servicios de seguridad privada y las autoridades correspondientes de los tres órdenes de gobierno para una adecuada organización y funcionamiento como auxiliares de la seguridad pública.
Así también, establece la coordinación de estos prestadores de servicios con las instituciones de seguridad pública en situaciones de emergencia y desastre, y los aspectos vinculados a la coordinación y supervisión de las policías complementarias en el país.
En tribuna, la diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena), presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, fundamentó el dictamen. Destacó los trabajos de colaboración con especialistas, servidores públicos y empresarios del ramo para la construcción de la reforma.
Puntualizó que la facultad conferida al Congreso de la Unión no implica la posibilidad de autorizar la prestación de servicios particulares que ofrezcan asistencia y asesoramiento de carácter militar y otros servicios militares. Señaló que la reforma busca dar certeza tanto a los ciudadanos, a los tres órdenes de gobierno, y a los particulares que la prestan.
“Se trata de homologar criterios, requisitos, mecanismos de control y de vigilancia, evitar la aparición de empresas patito y de espacios para delincuencia”, mencionó.
El diputado José Elías Lixa Abimerhi (PAN) consideró que la reforma no resuelve nada en particular en el tema de seguridad, y que lo único que hace es atribuir facultades plenipotenciarias en la materia al Congreso de la Unión, sin que exista ningún punto de límite y respeto a las facultades que hoy tienen los estados. Precisó que ninguna legislación de seguridad privada estatal ha sido declarada como inconstitucional, por lo que la modificación es indispensable.
Por su parte, la diputada María Luisa Noroña Quezada (PRI) urgió a tener una correcta regulación de la operación y funcionamiento de estas actividades en el país, toda vez que se tiene el registro de más de 8 mil empresas de seguridad privada, de las cuales solo 10 por ciento cuenta con un registro oficial ante las autoridades.
Mientras que el diputado Emilio Manzanilla Téllez (PT) indicó que la reforma plantea poner orden en las corporaciones de seguridad privada, las cuales han registrado un crecimiento a la par que la delincuencia en el país, en ese sentido, dijo, la falta de resultados del Estado provocó que estas actividades se desarrollarán como un negocio lucrativo.
Tras la discusión en lo general y de los artículos no reservados, el dictamen se aprobó con 332 votos a favor, 61 en contra y 1 abstención; posteriormente el Pleno aceptó la reserva de la diputada Juanita Guerra Mena (Morena), por lo que el dictamen se avaló en lo general y lo particular con las modificaciones aceptadas por la Asamblea con 289 votos a favor, 98 en contra y 0 abstenciones. Pasó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
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