Senado devuelve a la Cámara de Diputados reforma a Ley de Instituciones de Crédito

19 de Noviembre de 2020




Con el objetivo de garantizar el derecho de audiencia a personas que realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita, el Pleno del Senado de la República avaló con 45 votos a favor y 27 en contra, una minuta que reforma la Ley de Instituciones de Crédito. 


La minuta aprobada con modificaciones y devuelta a la Cámara de Diputados, establece que será la entidad financiera y no la Unidad de Inteligencia Financiera la que debe hacer del conocimiento del cliente o usuario que ha sido incluido en la Lista de Persona Bloqueadas. 


Asimismo, el proyecto de decreto que reforma la denominación del Título Quinto y se adiciona un Capítulo V al Título Quinto de la Ley de Instituciones de Crédito, especifica que las entidades financieras no deben estar limitadas a hacer del conocimiento, por escrito, del cliente o usuario que ha sido incluido en la Lista de Personas Bloqueadas. 


Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, senador Alejandro Armenta Mier, de Morena, argumentó que dicho dictamen respeta a plenitud los derechos procesales como la garantía de audiencia, la cual consideró como “fundamental en todo proceso jurídico”. 


  • No es un tema de partido, es un tema en que tenemos que poner orden en el sentido institucional. Por eso esta modificación en el marco del combate a la corrupción que está haciendo la Unidad de Inteligencia Financiera.

    Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Senador Alejandro Armenta Mier


Por su parte, la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, senadora Ana Lilia Rivera Rivera, también de Morena, puntualizó que por medio de este dictamen se atiende a la observación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al solventar la falta de correspondencia constitucional señalada en el supuesto de que el motivo que genere el bloqueo tenga un origen estrictamente nacional, lo que generaría un procedimiento para que la autoridad respete a plenitud las garantías procesales de las personas bloqueadas.


“Darle la facultad a la Secretaría de Hacienda para que bloquee cuentas sin ir ante un juez, es darle la facultad de discrecional de poderse meter con cualquier ciudadano por el sólo hecho de que así lo determine”, aseveró el senador Damián Zepeda Vidales, de Acción Nacional, al hablar en contra del dictamen. 


El legislador del PAN agregó que la reforma que se plantea es una puerta para una arbitrariedad, puesto que “no es correcto que asuman las funciones que le toca a un poder distinto, no es correcto que, sin ir y probar la probable responsabilidad de alguien, se les congelen cuentas a la gente”. 


Del Partido del Trabajo, el senador Joel Padilla Peña, reafirmó que uno pilares de la actual administración es la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, por lo que  la aplicación de la ley y la impartición de justicia son principios que no se negocian ni se pone a la orden del “mejor postor”. Asimismo, argumentó que el dictamen considera procedimientos para la impugnación de dicha resolución, estableciendo elementos que garantizan el derecho de audiencia y de presunción de inocencia. 


  • De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, el año pasado se recibieron 22 millones de reportes sobre posibles actividades relacionadas con el lavado de dinero, sin embargo, sólo se presentaron 70 denuncias ante la Procuraduría General de la República y de esas, sólo 39 solicitudes fueron investigadas por el Ministerio Público, informó la senadora Freyda Marybel Villegas Canché, de Morena, quien consideró que se podrá dar un “duro golpe a las estructuras financieras de la delincuencia organizada”, con esta minuta. 



  • Dictamen

    Señala que se podrá introducir a una persona a la Lista de Personas Bloqueadas cuando cuente con indicios suficientes de que se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o los asociados con los delitos señalados.

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