Cámara de Diputados avala expedir nueva ley de remuneraciones de servidores públicos

23 de Septiembre de 2020




A fin de establecer que ningún servidor público reciba una remuneración o retribución por el desempeño en su cargo mayor a la que percibe el presidente de la República, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto por el que se expide la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y abroga la publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 5 de noviembre de 2018.


Recordemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación solicitó el pasado 20 de mayo al Congreso de la Unión legislar sobre la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, luego de que declarara la inconstitucionalidad de algunos de sus artículos por considerar que incurren en omisiones. 


Por este motivo es que el Pleno de la Cámara de Diputados discutió el dictamen por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que fue publicada en el Diario Oficial el pasado 5 de noviembre de 2018.


Al fundamentar el dictamen, el diputado José Luis Montalvo Luna (PT) mencionó que la iniciativa sienta las bases para un sistema de remuneraciones que responda a la realidad del país y acaba con la discrecionalidad en la designación de las mismas; además, cierra la puerta a aquellos servidores públicos que mediante amparos se resisten a dejar atrás sus privilegios.


Del PVEM, la diputada Lilia Villafuerte Zavala, indicó que el dictamen atiende el marco social y jurídico actual, y a su vez responde a los reclamos hechos durante mucho tiempo sobre los ingresos que reciben quienes se desempeñan en la administración pública federal. Destacó que la emisión de la ley contribuirá a la construcción de un poder público nacional y racional, austero, con alto compromiso ético y social.


El diputado Antonio Ortega Martínez, del PRD, expuso que la iniciativa no atiende la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitida el 20 de mayo del año pasado relativa a la obligación del Legislativo de cumplir el mandato del artículo 127 de la Constitución, y omite parámetros objetivos para determinar el salario presidencial; “la propuesta lejos de resolver el problema, lo devolverá a tribunales”.


La diputada Carolina García Aguilar, del PES, señaló que la reforma es producto de la sensibilidad nacional; además, subrayó la importancia de establecer límites en los excesos en los salarios de los servidores públicos, así como incentivar la preparación y el desempeño de los mismos. 


Por su parte, el diputado Juan Carlos Villarreal Salazar, de Movimiento Ciudadano, precisó que las remuneraciones del sector público no deben ser una fuente de enriquecimiento, pero sí un ingreso digno con base en su compromiso, dedicación y capacidad: “el ejercicio de cualquier cargo público debe de implicar un alto sentido de austeridad y vocación de servicio con el propósito de satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de los intereses particulares”.


La diputada Ximena Puente de la Mora, del PRI, mencionó que hoy la sociedad exige que la asignación de los sueldos de las y los servidores públicos no sea de manera arbitraria, por lo que es indispensable tener criterios claros, específicos y definidos para acabar con la discrecionalidad. Subrayó que el dictamen estipula que los Poderes Legislativo y Judicial, así como los entes autónomos establecerán su propio sistema de evaluación de puestos.


En tanto, la diputada Laura Rojas Hernández, de Acción Nacional, indicó que lo que se pretende con la iniciativa es adecuar la ley al criterio del presidente de la República. Refirió que usar como parámetro el Producto Interno Bruto (PIB) para fijar las remuneraciones de los servidores públicos dejaría en incertidumbre a los mismos; además, señaló que la redacción de la propuesta es insuficiente respecto a los supuestos de excepción que permiten ganar más que el superior jerárquico.


Pablo Gómez Álvarez, diputado por Morena, recordó que la propuesta de reforma constitucional en materia de remuneraciones de los servidores públicos permaneció congelada durante seis años en el Poder Legislativo. Indicó que siempre se ha luchado contra una élite burocrática que decida cuáles son sus remuneraciones y que no sea una tecnoburocracia la que imponga los sueldos, sino que este asunto se resuelva como parte de la lucha política.


Al dictamen se integró una reserva presentada por el diputado Rubén Terán Águila (Morena), que modifica 15 artículos y se adiciona un artículo transitorio, relativa a la metodología y los parámetros de las remuneraciones.


  • Además, establece que las mismas estarán sujetas a los principios rectores de anualidad, equidad, proporcionalidad, reconocimiento del desempeño, fiscalización, legalidad, transparencia y rendición de cuentas, y se determinarán conforme al Producto Interno Bruto (PIB), y al límite máximo y mínimo de referencia.

    El dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción que abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución publicada en el DOF el 5 de noviembre de 2018 y expide la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos fue aprobado con 287 votos a favor, 57 en contra y 40 abstenciones, y se turnó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

  • Cabe señalar que la mencionada ley tiene por objeto regular las remuneraciones de los servidores públicos de la Federación, sus entidades y dependencias, así como sus administraciones paraestatales, fideicomisos, instituciones y organismos dotados de autonomía, empresas productivas del Estado y cualquier otro ente público federal.



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