Avalan sustituir el SAE, por el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado

16 de Diciembre de 2019




Con el objetivo de crear el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, el cual sustituirá al Instituto de Administración de Bienes y Activos, antes denominado Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), el Pleno del Senado de la República, avaló un dictamen por el que se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y el artículo séptimo transitorio de la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

 

Para fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Gobernación, el senador Cristóbal Arias Solís (Morena) consideró que dicha modificación, tiene un valor simbólico y muy relevante para la sociedad, ya que implica una manifestación expresa de la convicción del actual gobierno, respecto de la propiedad común que el pueblo debe ejercer sobre los bienes públicos. 

 

  • Por su parte, la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera (Morena), enunció que la nueva denominación sobre el Instituto Para Devolverle al Pueblo lo Robado, pretende que los servidores públicos encargados de la administración y gestión de los bienes de la Federación no pierdan de vista la misión y visión de este organismo el cual tiene como finalidad dirigidas al beneficio del Estado y, en consecuencia, de todas y de todos los mexicanos.

     

    El dictamen se avaló en lo general y particular, con 57 votos a favor, siete en contra y cinco abstenciones y se turnó al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

  • En el documento de las Comisiones Unidas, se señala que el proyecto de decreto fortalece una de las tareas primordiales que todo Estado democrático de derecho como lo es la de recuperar los bienes que resultan de la corrupción, del narcotráfico, del secuestro, de la delincuencia organizada o en general del robo de la propiedad pública o de la sustracción de recursos de la economía formal por actividades ilícita que provocan serias afectaciones sociales.9



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