En Diputados, se pronuncian por eliminar la desigualdad salarial en centros penitenciarios

02 de Octubre de 2019




Con 414 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se avaló en lo general y particular, en un solo acto, proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 90, 91, 92 y 93 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual tiene como objetivo, eliminar la desigualdad salarial imperante en los centros penitenciarios. 

 

Para fundamentar el dictamen, la diputada María del Pilar Ortega Martínez (PAN), puntualizó que el Sistema Penitenciario Mexicano enfrenta una grave crisis, por lo que se debe buscar cómo generar una legislación que lo fortalezca desde el ámbito administrativo y de prevención de la corrupción. Al respecto, señaló que incluir el trabajo como uno de los medios para lograr la plena reinserción social de las personas privadas de la libertad, radica en que el trabajo es considerado un punto de partida fundamental debido a que, con ello, se dota de herramientas, habilidades y aptitudes a los internos para que más tarde, puedan garantizar un ingreso económico. 

 

Asimismo, el diputado Santiago Gonzáles Soto (PT) comentó que el Estado mexicano ha desamparado los derechos laborales que asisten a las personas privadas de la libertad y que trabajan en los centros estatales penitenciarios femeninos y masculinos en todo el país. El legislador, comentó que el proyecto de decreto busca fortalecer el Sistema Penitenciario Mexicano, particularmente al interior de los penales, donde a través del trabajo digno, se dé paso a eliminar la desigualdad social.

 

  • Asimismo, se destaca la gestión de acuerdos institucionales con las empresas para incrementar convenios a través de los cuales se pudieran canalizar aquellos internos de alta productividad para sui contratación extra-muros, una vez que hayan cumplido sus sentencias. 

     

    El dictamen, se turnó al Senado de la República, para seguir con su proceso constitucional.

  • En el dictamen se argumenta que, los derechos laborales deben ser tutelados por las mismas autoridades del Estado, en lo correspondiente a salario mínimo, prestaciones en especie; normas de seguridad e higiene; pago de incapacidades por maternidad, enfermedad o riesgos de trabajo. De igual forma, se establece que la creación de fondos de ahorro, pensiones y prestaciones son derechos laborales “que no deben ser suprimidos para quienes trabajan dentro de los penales.”



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