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12 de Julio de 2019



La Cámara de Diputados recibió el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio y que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el cual fue aprobado por el Senado de la República el pasado 01 de julio. 

 

La extinción de dominio se refiere a la pérdida de los derechos que tenga una persona sobre los bienes que provengan de la transformación parcial o total o sean objeto de hechos ilícitos, declarada por una sentencia de la autoridad judicial, sin contraprestación ni compensación alguna para su propietario o para quien se ostente o comporte como tal, ni para quien, posea o detente los citados bienes. 

 

  • Asimismo, en el dictamen devuelto por el Senado de la República, en el artículo 1° de dicha ley, se detalla que son hechos susceptibles de la extinción de dominio, delitos como el secuestro; delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; delitos contra la salud; trata de personas; delitos por hechos de corrupción; encubrimiento; delitos cometidos por servidores públicos; robo de vehículos; recursos de procedencia ilícita y extorción.

     

    En este sentido, la ley explica que los bienes a los que se refiere dicho ordenamiento, serán transferidos a la autoridad administradora de conformidad con lo establecido en la legislación aplicable. Por ejemplo, tratándose de bienes como armas de fuego, municiones y explosivos, así como narcóticos, flora y fauna protegidos, se precederá en los términos de la legislación federal aplicable.

  • En el documento enviado se establece que el objetivo de la Ley Nacional de Extinción de Dominio es el de regular la extinción de dominio de bienes a favor del Estado por conducto del gobierno federal y de las entidades federativas, así como su uso, usufructo, enajenación, monetización y destrucción de bienes.

 

  • La Ley Nacional de Extinción de Dominio, también estipula que existirá una base de datos que contendrá el registro nacional de extinción de dominio, mismo que será administrado por la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en la que las fiscalías inscribirán las demandas de extinción de dominio y las sentencias, así como los bienes que comprenden.
  • Además, la ley destaca que su aplicación será con base en el respeto y protección de los derechos fundamentales y garantías reconocidas en la Constitución y en los tratados internacionales aplicables de los que el Estado mexicano sea parte. Asimismo, se conceden derechos como asesoría jurídica profesional a cargo del Instituto Federal de la Defensoría Pública; conocimiento inmediato de los hechos y fundamentos de la media cautelar; renuncia a la controversia y ofrecimiento de medios de pruebas, entre otros. 


    Cabe señalar que este dictamen será discutido por el Pleno de la Cámara de Diputados en el próximo periodo extraordinario, a celebrarse el jueves 25 de julio.



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