Avalan en Senado, expedir Ley Nacional de Extinción de Dominio

02 de Julio de 2019


  • Con 109 votos a favor, el Pleno del Senado de la República, en su Sesión Extraordinaria, avaló en lo general, expedir la Ley Nacional de Extinción de Dominio, así como reformas y adiciones a disposiciones de diversos ordenamientos, que tiene como objeto regular los mecanismos para que las autoridades administren los bienes y recursos de procedencia ilícita o que hayan sido utilizados para cometer algún delito.

    Para presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, el senador Julio Ramón Menchaca Salazar (Morena) destacó que el presente dictamen, no se sobrepone a un proceso judicial, sino, que evita que la delincuencia mantenga sus bienes; comentó que se cuenta con el espíritu de retornar a la población mexicana un bien que fue adquirido a través de una conducta ilícita y de conductas “criminales” que afectan la seguridad y que atacan al punto más sensible de la delincuencia organizada que es la enorme cantidad de recursos con los que cuenta.

A nombre de la Comisión de Estudios Legislativo, Segunda, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera (Morena) puntualizó que el dictamen de extinción de dominio, es un instrumento jurídico eficaz para el combate a la delincuencia y la inseguridad que tanto laceran a nuestro país, sin apartarse del respeto y restricto al texto constitución y a todos los derechos humanos que ahí se reconocen, así como a los Tratados Internacionales de los que México es parte; informó que el proyecto garantiza la seguridad jurídica de toda persona al establecer como precisión, cuáles serán los hechos ilícitos que darán lugar a  la acción de extinción de dominio. 

  • Luego de la presentación del dictamen, el Pleno avaló en votación económica, una moción suspensiva propuesta por el senador Julio Ramón Menchaca Salazar (Morena), a fin de revisar algunos aspectos técnicos del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, por lo que el Presidente de la Mesa Directiva del Senado, decretó un receso de una hora en la Sesión Extraordinaria de la Cámara Alta.

    Al reanudar la Sesión Extraordinaria, se prosiguió a su discusión en lo general, la cual se avaló por unanimidad. Posteriormente, en la discusión en lo particular, y al aprobar la reservas presentadas a los artículos 83, 86, 88 y 126 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, se instruyó la apertura del tablero electrónico, en donde se emitieron 89 votos a favor, 21 en contra y cero abstenciones, por lo que el dictamen quedó avalado en lo general y particular, remitiéndose a la Cámara de Diputados, para seguir con su proceso legislativo. 

  • Se establece en el dictamen de las Comisiones Unidas que el objeto de la ley se basa en cinco ejes principales: La extinción de dominio de bienes a favor del Estado; el procedimiento correspondiente; los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios; mecanismos para que las autoridades lleven a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización, atendiendo al interés público; los criterios para el destino de los bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia y, en su caso, la destrucción de los mismo.
  • Se destaca que la acción de extinción de dominio procederá sobre aquellos bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse, en particular, bienes que sea instrumentos, objeto o producto de los hechos ilícitos; se establece que el Fiscal General de la República, en su carácter de presidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, elaborará y presentará anualmente al Senado de la República un informe sobre el ejercicio de las facultades que le otorga la ley.
  • El dictamen también establece reformas y adiciones a diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley orgánica de la Administración Pública Federal.



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