Comisiones decretan un receso en la discusión de la Ley de Austeridad Republicana

01 de Julio de 2019



En reunión de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, integrantes de ambas comisiones consideraron que no se encontraban suficientemente discutida la minuta que expide la Ley de Austeridad Republicana y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el senador Alejandro Armenta Mier (Morena) señaló que en el análisis que se realizó con todas y todos los senadores de todos los Grupos Parlamentarios, hubo consenso en 28 de los 31 artículos.

Por su parte, la senadora Beatriz Paredes Rangel (PRI) comentó que hay diversas cuestiones dentro del dictamen que se deben dejar margen a la propia autoridad para que tome las decisiones que permitan que en el Estado mexicano sigan prestando sus servicios, así como personalidades con un alto grado de especialización. 



Asimismo, el senador José Narro Céspedes (Morena) apuntó que la gravedad del problema de la corrupción y de los conflictos de intereses, por lo que se pronunció a favor de que, por un lapso de diez años, los ex funcionarios del sector público puedan trabajar en el sector privado. 

  • Por parte del PAN, la senadora Minerva Hernández Ramos, reiteró que la Ley de Austeridad Republicana, no requiere de calificativos, por lo que propuso modificar el nombre de la ley y quitar el calificativo de “Republicana” debido a que “es solamente propaganda”; comentó que la ley es una ley de austeridad, sin calificativos. 

    Finalmente, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, decretó un receso en la discusión de la minuta, ya que hubo un empate en la votación.
  • Cabe destacar que la legislación establece mecanismos para evitar actos de corrupción en los servidores públicos, entre ellas, la prohibición de que por un lapso de cinco o diez años (medida que se encuentra en debate) los ex servidores públicos, no pueda trabajar en el sector privado.





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