Analizan y discuten Plan Nacional de Desarrollo en materia de protección civil

28 de Mayo de 2019



En el marco del análisis y discusión del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que se desarrolla en la Cámara de Diputados, las y los expertos debatieron y emitieron diversas opiniones en materia de protección civil, en donde coincidieron en la importancia de la prevención y se pronunciaron por definir el Plan de Gobernabilidad en caso de desastre.

María de los Ángeles Yánez Acosta, de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, puntualizó que el tener una fiscalización del seguro de protección a víctimas de accidentes viales permitiría al gobierno tener ahorros entre 1.5 por ciento y dos por ciento del PIB para impulsar un mayor financiamiento a través de una Ley General de Protección Civil ante sismos.

En su participación, José Luis Hernández Dehesa, CGA Consultores, detalló que en la redacción del riesgo de desastres debe considerarse un componente definitorio del desarrollo y como tal, incluirse como uno de los indicadores utilizados en la construcción del índice de desarrollo humano; señaló que durante diversos años, el debate sobre las relaciones entre el desastre, el desarrollo, el medio ambiente y la sostenibilidad y de sus implicaciones para la reducción del riesgo ha madurado de forma acelerada, a tal grado que el tema se ha convertido en un punto de referencia y reflexión.

  • Víctor Hugo Juárez Cuevas, de la Asociación de Centrales Energéticas Sustentable, A.C., informó que la industria de los biocombustibles, es una industria naciente en México, por lo que debe adecuarse a todo el marco de regulación de protección civil, lo anterior, mediante imposición de sanciones elevadas a quien no lo puede hacer o a quienes no cumplan. 

    Finalmente, Raymundo Giovanni Jiménez Bustos, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, puntualizó que el Plan Nacional de Desarrollo se enfoca principalmente en una política. Sobre la distribución del ingreso, externó que a todas aquellas personas que hoy, durante 20 años, el Estado les debe el reconocimiento de su dignidad humana.




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