Vigilarán respeto a derechos humanos de adultos mayores en centros penitenciarios

15 de Abril de 2019


Con 318 votos, la Cámara de Diputados avaló el proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 35 Bis a la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de derechos humanos de las personas adultas mayores en los centros penitenciarios.
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    Asimismo, el artículo propuesto señala que “la autoridad penitenciaria deberá prever los recursos presupuestales pertinentes e infraestructura de los centros penitenciarios, conforme a los estándares internacionales en la materia”.

     

    Cabe señalar que, de acuerdo al Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistemas Penitenciarios Estatales 2017, existen más de 5 mil personas en reclusión que entran en la categoría de adultos mayores, de los cuales mil 700 no estaban aún sin sentencia, es decir, cerca del 35 por ciento.

  • La iniciativa, plantea la adición del de un artículo 35 Bis a la citada ley y en éste se establece que: “Los centros penitenciarios deberán contar con un registro de personas de más de 60 años que incluya información específica sobre sus condiciones de salud, necesidades de alimentación, apoyos y ubicación, a efecto que la autoridad penitenciaria implemente las políticas públicas que garanticen el pleno respeto a sus derechos humanos, en condiciones de igualdad, con respeto al resto de la población en internamiento”

 

Al argumentar la propuesta, el dictamen indica que la reforma tiene el objetivo de brindar acceso a una vida digna, en igualdad de condiciones que el resto de la población, a las personas privadas de su libertad, de 60 años o más, así como poner en armonización con protocolos internacionales, la atención a las personas adultas mayores.

 

Con dicha modificación se espera: armonizar la normatividad nacional a fin de que se brinde atención eficaz y eficiente a las personas de 60 años a más, privadas de su libertad; promover programas para evitar su discriminación, procurando condiciones de igualdad, con respeto al resto de la población en internamiento y prever los recursos presupuestales pertinentes e infraestructura conforme a los estándares internacionales para poder garantizar un mejor acceso al establecimiento penitenciario.



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