Servidores públicos serán sancionados por uso de recursos públicos en campañas electorales

08 de Abril de 2019

  • Reforma al artículo 456 y 457

    Con una votación unánime de 423 votos a favor, la modificación también tiene el objetivo de establecer que los servidores públicos, sin menoscabo de las sanciones electorales que se les impongan, podrán estar sujetos a responsabilidades administrativas y penales, y en el caso de estas últimas, será obligatoria presentar las denuncias o querellas ante el agente del Ministerio Público.
  • La Cámara de Diputados aprobó la reforma a los artículos 456 y 457 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de incorporar a los servidores públicos al catálogo de sujetos que pueden ser acreedores a una sanción por violación a las leyes electorales, particularmente cuando hacen uso de recursos públicos, así como para prever las sanciones correspondientes.  

    Al fijar su posicionamiento, los grupos parlamentarios coincidieron en la necesidad de sancionar las malas prácticas de los servidores públicos. El PVEM, en voz del diputado Marco Antonio Gómez Alcantar, expresó que un servidor público tiene la obligación de ser imparcial, pues sirve a todos y no solo a su partido. Asimismo, puntualizó que esta reforma significa un avance para lograr una equidad en la contienda y crea marcos legales para dar certeza.

En tanto, la diputada María Guadalupe Almaguer Pardo (PRD) externó que se deben establecer responsabilidades en el servidor público, ya que de forma "poco higiénica", usan los recursos para cuestiones de tipo electoral y comentó que con esta reforma se contribuirá a una democracia real y con transparencia.

Por parte de MC, fue la diputada Carmen Julia Prudencio González quien se pronunció a favor del dictamen y argumentó que éste tiene el objetivo de eliminar un vacío legal que hasta hoy existía en la legislación electoral del país. Y enfatizó que, si un derecho no es para todos, no es un derecho y si una sanción no contempla a los que pueden ser beneficiados por una situación, la ley es incompleta.

Para el PT, esta reforma es el resultado de una demanda que la sociedad mexicana hizo a autoridades en materia de realización de procesos electorales limpios, imparciales y sujetos a lo que la norma electoral establece, así lo expresó el diputado Santiago González Soto. 

De su lado, en la representación del legislador Eudoxio Morales Flores, el PES se pronunció por la necesidad de terminar con las prácticas que han secuestrado el voto de los ciudadanos, a través de prácticas clientelares, violencia y coacción, siendo los servidores, los principales operadores de tan lamentables prácticas.

    • Al fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del PRI, el diputado Ricardo Aguilar Castillo comentó que la reforma nace de la importancia de crear mecanismo de sanción a servidores públicos que vulneran el principio de equidad en la contienda electoral a partir, del uso de recursos públicos para Campañas Electorales. Resaltó que uno de los logros más importantes en el país es la consolidación de un sistema electoral que fortalezca los principios de la democracia.

      Jorge Arturo Espadas Galvan, legislador del grupo parlamentario del PAN se posicionó a favor de sancionar de manera eficaz a todos aquellos funcionarios que, por cualquier motivo, a través de su actuación desvíen recursos públicos, desde su propio tiempo, hasta recursos monetarios, para beneficiar alguna campaña.

Finalmente, el integrante de Morena, Pablo Gómez Álvarez, proponente de la iniciativa, indicó que este dictamen tiene como propósito dejar atrás una impunidad inscrita en las leyes y resaltó que, para poder luchar contra los privilegios y los sistemas de impunidad, esta reforma es relevante en la lucha electoral.

Al concluir la discusión y al aprobarse en lo general, el diputado Marco Antonio Aguilar Vega (PAN), a nombre de legisladores del #PRI, #MC y #Morena, presentó reserva al artículo 457 para eliminar dos palabras: obligatoriamente y presentará, toda vez que no todas las responsabilidades administrativas son responsabilidades penales y no todas las responsabilidades penales son administrativas, misma que fue aprobada en votación económica y en votación nominal con 407 votos a favor.



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