Presenta CNDH informe de labores ante la Comisión Permanente

24 de Enero de 2018


Aun con avances significativos, ordenamientos jurídicos y el reconocimiento casi generalizado sobre la necesidad de su cumplimiento, los derechos humanos no son plenamente respetados en México, expresó Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Al presentar ante la Comisión Permanente el informe de actividades de la CNDH de 2017, indicó que este año puede considerarse atípico ya que, por una parte, disminuyeron las quejas promovidas contra instancias como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o la Marina, pero fue el año en que se emitieron más recomendaciones por violaciones graves a los derechos humanos.

En materia legislativa, indicó que la ley sobre desaparición forzada puede considerarse como una experiencia exitosa de vinculación entre legisladores, expertos, académicos, víctimas, organizaciones nacionales e internacionales, defensores de derechos humanos y autoridades, en la construcción de un marco jurídico para dar mejor atención a las grandes problemáticas nacionales.

En contraste, dijo, la Ley de Seguridad Interior seguirá siendo uno de los capítulos más polémicos y que mayor trascendencia tendrá en la historia para ponderar el trabajo de esta Legislatura que está por concluir.

Reafirmó que el articulado de esta legislación es contrario al contenido y esencia de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos porque permite que se vulneren derechos básicos y porque afecta el diseño y equilibrio constitucional entre la federación, los estados, instituciones, órganos del Estado y poderes.

Recalcó que esta acción de inconstitucionalidad promovida por la CHDN no busca atacar a las instituciones ni debilitar el Estado de Derecho.

González Pérez manifestó que los índices históricos de violencia e inseguridad son evidencia clara y objetiva de que las autoridades de distintos órdenes de gobierno han fallado en proporcionar niveles mínimos de seguridad a la población.

Recordó que, en un hecho inédito, la violencia en contra de los defensores de derechos humanos cobró la vida del Ombudsman de Baja California Sur, caso que continúa en la impunidad.

Indicó que es incontrovertible el abandono a nuestras policías debido al deficiente diseño institucional y fallidas políticas, indebida formación y capacitación de elementos y las fallas de coordinación interinstitucional, lo que deja en claro la falta de políticas públicas en materia de seguridad pública y justicia.

Reiteró que la CNDH afirmó que es posible la persecución efectiva de los delitos con respeto a los derechos humanos, pero para ello se requieren servidores públicos capacitados que logren que la investigación de los delitos y las tareas de seguridad pública sean efectivas.

Asimismo, informó que durante 2017 la Comisión recibió 38 mil 722 escritos de queja; 25 mil 959 nuevos expedientes; 9 mil 331 quejas; 8 mil 319 a orientaciones directas; 7 mil 682 remisiones; 627 inconformidades; 25 mil 959 expedientes iniciados y 26 mil 210 expedientes concluidos.

Indicó que las autoridades más señaladas presuntamente como responsables violación a derechos humanos son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMS) con 2 mil 634; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con mil 78; la Secretaría de Educación Pública con 656, la Sedena con 415.

  • Manifestó que se emitieron 97 instrumentos recomendatorios y se concluyeron investigaciones de casos relacionados con la venta de niños en Sonora, de las fosas clandestinas en Cadereyta, Nuevo León, el uso excesivo de fuerza en Nochixtlán, Oaxaca, y las detenciones arbitrarias y forzadas en Papantla, Veracruz.

    El informe de labores fue turnado a las comisiones unidas de Derechos humanos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.

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