Aprueba Senado dictamen que expide la Ley de Seguridad Interior

15 de Diciembre de 2017

  • Pleno del Senado de la República.

Con 76 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Senadores aprobó, en lo general, el dictamen que expide la Ley de Seguridad Interior. Los legisladores realizaron modificaciones a los artículos 1, 7, 8, 9, 10, 16, 21, 22, 26 y adicionaron un artículo Quinto Transitorio a la propuesta original del dictamen.

  • Durante los posicionamientos de grupos parlamentarios, el Senador Jorge Aréchiga Ávila (PVEM) pidió "no hacer juicios apresurados" sobre los resultados que habrá de tener el nuevo ordenamiento legal y señaló que el titular del Ejecutivo Federal tiene la facultad de utilizar a las Fuerzas Armadas para salvaguardar la seguridad interior.

    Por el PRD, la Senadora Angélica de la Peña Gómez, afirmó que por más que se esfuercen en invocarlo, no es constitucional la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles haciendo tareas de seguridad pública. Señaló que esta situación ha dejado personas muertas, desaparecidas y desplazadas.

  • Esta legislación cuenta con 34 artículos divididos en seis capítulos y tiene, además, cinco artículos transitorios; su objetivo es “regular la función del Estado para preservar la Seguridad Interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios, en la materia”.
El Senador Manuel Bartlett Díaz, del PT, dijo que esta ley pretende el establecimiento de un Estado policiaco-militar, donde cualquier delito podría ser considerado delincuencia organizada.

El Senador Fernando Herrera Ávila, del PAN, comentó que, para el combate a la criminalidad, su partido tiene una visión integral basada en cuatro ejes: la consolidación de una fiscalía autónoma, el sistema nacional anticorrupción, la ley de seguridad y la ley de seguridad pública.

A nombre del PRI, el Senador Ernesto Gándara Camou indicó que se establecen protocolos para la declaratoria de protección a la seguridad interior, que no podrá exceder de un año y solo sería prorrogada si continúa la amenaza en la materia. Afirmó que se busca el fortalecimiento de las instituciones, el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos.

Senadoras y Senadores de varios grupos parlamentarios presentaron diversas reservas a los artículos del dictamen; sin embargo, ninguna de ellas fue aceptada a discusión y por lo tanto fueron desechadas.

Los artículos reservados se aprobaron en los términos del dictamen con 71 votos a favor, 34 en contra y 3 abstenciones. 

El proyecto se devolvió a la Cámara de Diputados y su discusión versará únicamente sobre los artículos modificados.


CONTENIDO DE LA LEY

Esta legislación define a la Seguridad Interior como la condición que proporciona el Estado que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional.

  • Establece que el Consejo de Seguridad Nacional emitirá lineamientos para la participación de las entidades federativas en las acciones de seguridad interior, para la atención eficaz de la Agenda Nacional de Riesgos y, en su caso, para el restablecimiento de la colaboración de las entidades federativas y municipios en las tareas de preservación de la Seguridad Nacional.
  • Expresa que los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de esta Ley deberán preservar, en todo momento y sin excepción, los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes.

    En los casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, y cuya atención requiera la suspensión de derechos, se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política.

Señala que las movilizaciones de protesta social, o las que tengan un motivo político-electoral, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de Declaratoria de protección a la seguridad interior.

La información que se genere con motivo de la aplicación de la ley será considerada de Seguridad Nacional en los términos de la ley de la materia y clasificada de conformidad con ésta y las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información.

La materia de Seguridad Interior también queda excluida de lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

  • Con esta ley, el Presidente de la República podrá ordenar por sí, o a petición de las legislaturas de las Entidades, o de su Ejecutivo en caso de receso, la Intervención de la Federación para la implementación de Acciones de Seguridad Interior en el territorio de una Entidad o zona geográfica del país, previa emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.
  • En estos casos, el Presidente determinará la procedencia de la intervención de la Federación y expedirá, dentro de las 72 horas siguientes, contadas a partir de recibir la solicitud, la Declaratoria de Protección a la Seguridad interior, la cual deberá notificarse a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

    La Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior deberá fijar la vigencia de la intervención de la Federación, la cual no podrá exceder de un año. Agotada su vigencia, cesará dicha intervención, así como las Acciones de Seguridad Interior a su cargo.

En aquellos casos en que las Amenazas a la Seguridad Interior representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno, el Presidente podrá ordenar acciones inmediatas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, incluidas las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas.

Estas acciones no podrán sustituir las autoridades de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximirá dichas autoridades de sus responsabilidades.

Las Fuerzas Armadas sólo intervendrán mediante la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando las capacidades de las Fuerzas Federales resulten insuficientes para reducir o contener la amenaza de que se trate.

También se establece que la Secretaría de Gobernación, en coordinación con los Gobiernos de las entidades federativas, destinará Fuerzas Federales para que realicen Acciones de Seguridad Interior, en aquellas áreas o zonas del territorio nacional que así lo requieran.

MODIFICACIONES A LA MINUTA

Los senadores aprobaron diversos cambios al dictamen:

Se modifica el artículo 1 de la minuta para establecer que las disposiciones de la ley son materia de seguridad nacional en términos de lo dispuesto por la fracción XXIX-M del artículo 73 y la fracción VI del artículo 89 de la constitución Política.

Se modifica la redacción del artículo 7 para asegurar que los actos realizados con motivo de esta ley en todo momento respetarán, protegerán y garantizarán, sin excepción, los derechos humanos y sus garantías. También se elimina lo referente a la suspensión de derechos conforme al artículo 29 constitucional.

Se elimina la frase “en términos pacíficamente” del artículo 8, con lo que ahora dice “las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen de conformidad con la Constitución, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior”.

Se modifica la redacción del artículo 9 para establecer que la información que se genere con motivo de la aplicación de la ley será considerada de Seguridad Nacional en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Se agrega la frase “en el ámbito de sus competencias” al final de primer párrafo del artículo 10.

Se agrega la frase “de acuerdo a sus facultades” dentro del primer párrafo del artículo 16.

Se establece claramente en el artículo 21 que los grupos interinstitucionales que coordinen las fuerzas armadas estarán sujetos a lo dispuesto por el artículo 19 de la ley, así como a las disposiciones que rigen al Ejército y la Marina Armada de México.

Se modifica el artículo 22 para establecer que cuando la amenaza no requiera la intervención de las Fuerzas Armadas, el Presidente designará a la autoridad civil que corresponda a propuesta del Secretario de Gobernación.

  • Se hace un añadido al artículo 26 para indicar que las Acciones de Seguridad Interior realizadas por autoridades federales, incluidas las Fuerzas Armadas, se harán en el ámbito de sus competencias de acuerdo con la Constitución y las leyes aplicables.

    Se adiciona un artículo Quinto Transitorio para indicar que, dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales en los que se estuvieren realizando acciones que puedan ser materia de una declaratoria deberán presentar un programa con plazos, acciones y presupuesto para dar cumplimiento al modelo de función policial aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

    El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Seguridad Pública, en un plazo de 90 días, contados a partir de que las entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales, según corresponda, acrediten la presentación del programa señalado en el párrafo anterior, deberá emitir el dictamen correspondiente, mismo que le será entregado al solicitante.
  • Registro de votación.

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