Incluyen interés superior de la niñez en la Política de Desarrollo Social

• Con el objetivo de que uno de los principios a que tenga que sujetarse la Política de Desarrollo Social sea el interés superior de la niñez, en los términos establecidos por la Constitución y la ley en la materia, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que adiciona una fracción XI al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social.                                                                                                                              Al fundamentar el dictamen, el Diputado Pablo Elizondo García (PRI) manifestó que el principio de interés superior de la niñez obliga al Estado a realizar el máximo esfuerzo posible para construir las condiciones favorables para que los menores puedan desarrollarse plenamente.

• Por 413 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, los legisladores aprobaron esta adición con la que se armoniza el marco jurídico nacional, estableciendo expresamente dicho principio en atención a los compromisos suscritos por México en materia de derechos humanos y, particularmente, en materia de derechos de las y los menores de edad

Por su parte, el Diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán (Morena) reconoció el trabajo de las y los diputados en comisiones y por su compromiso con la niñez y la adolescencia. Recalcó que esta cámara debe trabajar en acciones legislativas que posibiliten mejores condiciones de vida y desarrollo de los infantes.

Cabe mencionar que el artículo cuarto de la Constitución establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

• El dictamen aprobado se turnó a la Cámara de Senadores para continuar con su trámite legislativo conforme lo establece el artículo 72 de la Carta Magna.

• Además, indica que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a este sector de la población.