Publican decreto que establece sanciones por cobranza extrajudicial ilegal

• El Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que modifica el encabezado del Capítulo I del Título Decimoctavo del Código Penal Federal, y que le adiciona un artículo 284 Bis para castigar con penas de hasta cuatro años de prisión y de hasta 300 mil pesos a quien lleve a cabo la actividad de cobranza extrajudicial ilegal.

  Aunque el derecho de cobranza es, sin duda, legítimo, su ejercicio debe ajustarse a los postulados del Estado de Derecho, sin violentar las garantías procesales y derechos humanos de las personas que han contraído una deuda.

• Este tipo de cobranza es la que utiliza la violencia o intimidación ilícitos, ya sea personalmente, o a través de cualquier medio, para requerir el pago de una deuda derivada de actividades reguladas en leyes federales, incluyendo créditos o financiamientos que hayan sido otorgados originalmente por personas dedicadas habitual y profesionalmente a esta actividad.

La tipificación de esta actividad solventará un vacío del que adolece el orden jurídico federal. Esto es, el establecimiento de una política pública penal para prevenir el supuesto de una cobranza ilegal por medio de la intimidación, amenazas o el uso de la violencia.

Estas reformas establecen que si se utilizan, además, documentos o sellos falsos, la pena y la sanción económica aumentarán una mitad. Si se incurre en usurpación de funciones o de profesión, se aplicarán las reglas del concurso de delitos señalado en el Código Penal Federal.

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• Sin embargo, no se considerará como intimidación ilícita informar aquellas consecuencias posibles y jurídicamente válidas del impago o la capacidad de iniciar acciones legales en contra del deudor, aval, obligado solidario o cualquier tercero relacionado a éstos cuando éstas sean jurídicamente posibles.

  De acuerdo con los artículos transitorios del decreto, éste entrará en vigor a partir del viernes 23 de junio de 2017.