Congreso expide ley contra la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes

19 de Mayo de 2017

La Cámara de Senadores aprobó el dictamen que expide la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como diversas modificaciones a varios ordenamientos en la materia.

 

  • Este proyecto fue avalado originalmente el 28 de abril de 2016 por el Pleno del Senado y enviado a los diputados de acuerdo a lo que establece el artículo 72 Constitucional. En su sesión del 19 de abril de 2017, el Pleno de la Cámara Baja aprobó, con modificaciones, esta minuta, y la devolvió a la colegisladora para continuar con el trámite legislativo.
  • La Senadora Angélica de la Peña Gómez (PRD), Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, explicó que las comisiones unidas que dictaminaron este proyecto acordaron aceptar las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados a la minuta aprobada en primera instancia por el Senado.

     

    Por 90 votos a favor, los diputados aprobaron expedir este nuevo ordenamiento y reformas al Código Penal Federal; a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y a la Ley de Extradición Internacional.


En esta legislación se establece el régimen de distribución de competencias, así como de coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno para prevenir, investigar, juzgar y sancionar los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

 


  • Con las reformas también se establecen los tipos penales de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y sus sanciones; así como las medidas de atención, ayuda, asistencia, protección integral y reparación que garanticen los derechos de las víctimas de estos delitos.
  • Se indica que el delito de tortura se investigará y perseguirá de oficio, por denuncia o vista de autoridad judicial; además de que el ejercicio de la acción penal y la sanción que se imponga judicialmente para este ilícito son imprescriptibles.

     

    También señala la obligación para todas las entidades federativas de crear fiscalías especiales, con autonomía técnica y operativa, que conozcan, investiguen y persigan el delito de tortura y otros malos tratos.

     


 

Asimismo, crea y organiza el Registro Nacional del Delito de Tortura como herramienta de investigación e información estadística sobre todos los casos en que se denuncie e investiguen estos casos.

 

OTROS CAMBIOS



  • Las reformas al Código Penal Federal tipifican la conducta consistente en falsear el Reporte Administrativo de Detención correspondiente, así como el omitir su actualización o dilatar, injustificadamente, la puesta a disposición del detenido bajo la custodia de la autoridad correspondiente.

     

    En tanto, las modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales establecen que el imputado únicamente podrá declarar ante la autoridad jurisdiccional y que ninguna declaración tendrá validez si la misma no queda fijada a través de medios de grabación de audio y video en la que se observe que se encuentra presente su abogado defensor; le sean leídos previamente sus derechos y se lleve a cabo con respeto a sus derechos humanos.

  • Los cambios a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos incluyen como atribución de esta comisión la de presidir y garantizar el cumplimiento de las atribuciones conferidas al Mecanismo Nacional de Prevención.

  • También se reformó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que el registro administrativo de detenciones contenga fotografías a color del detenido de frente y perfil, así como panorámicas del lugar de detención.

     

    Además, se modificó la Ley de Extradición Internacional para incluir que quedará prohibido extraditar a una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estará en peligro de ser sometida a desaparición forzada (la tortura ya se prevé en la ley).

     

    El dictamen aprobado fue turnado al Ejecutivo federal, conforme lo establece el artículo 72 de la Constitución Política





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