Senado aprueba reforma contra lavado de dinero

En el cuarto día de actividades del periodo extraordinario, el Senado de la República aprobó la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal. La iniciativa, que fue remitida a la Cámara de Diputados, indica un blindaje del sistema financiero nacional de operaciones ilícitas de acuerdo a estándares internacionales.

Entre otros asuntos que aborda la iniciativa se encuentra el monitoreo de transacciones cuya actividad sea vulnerable, además de establecer la obligación al beneficiario final en estas. De esta manera, la reforma busca fortalecer la investigación de recursos de procedencia ilícita.

El fortalecimiento de la coordinación institucional contra operaciones con recursos ilícitos, incorporando nuevas actividades vulnerables como el desarrollo inmobiliario, activos virtuales y fideicomisos es uno de los aspectos que aborda la reforma.

Durante la presentación de reservas, el pleno aceptó la propuestas de la senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath (Morena), la cual elimina la mención de financiamiento al terrorismo en diversos artículos del dictamen, al considerar que su inclusión era redundante y jurídicamente conflictiva, dado que ya existe su tipificación en el marco normativo vigente.

Al presentar la iniciativa, el senador Javier Corral Jurado (Morena) detalló que la propuesta se orienta a la protección de la economía nacional, a través de la prevención de la entrada de recursos ilícitos. Apuntó que el dictamen cumple con las observaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional al establecer métodos de identificación de beneficiarios finales, supervisión de actividades no financieras

Durante el debate, el senador Óscar Cantón Zetina (Morena) calificó la reforma como un “combate ético y político” contra el crimen organizado, que envía un mensaje contundente en favor de la legalidad. Destacó la vitalidad de combatir la delincuencia organizada y el nepotismo delincuencial.

En contraste, la senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez (PAN) alertó sobre riesgos a los derechos humanos, privacidad, patrimonio y presunción de inocencia. Recalcó que la asignación de atribuciones fuera de la jurisdicción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las cuales podrían vulnerar actividades comerciales.

Desde el PRI, la senadora Claudia Edith Anaya Mota advirtió que se amplían facultades a la Guardia Nacional en tareas de inteligencia financiera, lo que representa una militarización de la administración pública y una posible persecución contra sectores vulnerables como organizaciones religiosas o informales.

En defensa del dictamen, el senador Luis Alfonso Silva Romo (PVEM) negó que se otorguen facultades penales a las autoridades y recalcó el carácter preventivo y administrativo de la ley. En otro orden de ideas, el legislador indicó que la reforma respeta los límites constitucionales de protección de datos y secreto bancario, ya que la ampliación se realiza únicamente a sectores específicos con riesgo real.

A su vez, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre (PT) la describió como una herramienta esencial para cerrar el paso a las redes del crimen. Asimismo, destacó que la iniciativa permitirá un combate más equilibrado frente a estructuras financieras que se camuflan tras empresas fachada, tras operaciones simuladas, montajes complejos que terminan protegiendo a quienes lavan dinero.

No obstante, la senadora de Movimiento Ciudadano Alejandra Barrales Magdaleno advirtió que la reforma representa un riesgo para la privacidad de los ciudadanos, pues habilita a las autoridades a acceder a datos financieros sin una orden judicial, en un contexto nacional de inseguridad.

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