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6 de Agosto de 2025
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La Comisión Especial para
revisar y vigilar el proceso de quiebra de Altos Hornos De México del Senado se
reunió con autoridades de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo
(PROFEDET) y extrabajadores de Altos Hornos De México (AHMSA), donde abordaron
la actual situación interinstitucional para asegurar una defensa efectiva de
los derechos laborales.
El senador Luis Fernando
Salazar Fernández (PAN), presidente del órgano de gobierno se pronunció a favor
de la protección de los derechos de las y los trabajadores durante el proceso
de reconocimiento, pago y justicia laboral. Destacó el compromiso del Senado por
velar en todo momento por la protección de los trabajadores afectados por la
situación de la siderúrgica.
El senador explicó que la
Comisión ha buscado acceder a la información completa del proceso judicial ante
el Juzgado Segundo de Distrito en materia de Concursos Mercantiles. No
obstante, el tribunal negó el acceso directo a los documentos por restricciones
en materia de protección de datos personales, aunque notificó a la PROFEDET el
listado de trabajadores con derecho a pago preferente.
Durante el encuentro, el
titular de la PROFEDET, Plácido Humberto Morales Vázquez, aseguró que atenderán
la resolución judicial y se comprometen a dar acompañamiento a todos los
trabajadores afectados. Subrayó que el juicio concursal es transparente y que
el canal de diálogo permanece abierto con la Comisión y con los propios
empleados.
Morales Vázquez también aclaró
que los trabajadores con contrato colectivo previo al concurso mercantil
mantienen derechos que podrían otorgarles una liquidación distinta, pese al
nuevo contexto judicial. Afirmó que el proceso se desarrollará bajo los principios
de la reciente reforma al Poder Judicial, lo cual, dijo, brinda garantías
adicionales a los afectados.
Por su parte, Julián Torres
Ávalos, en representación de los extrabajadores de AHMSA, pidió un inventario
preciso y un avalúo justo de los activos de la empresa, para evitar que sean
vendidos a un precio inferior al del mercado. Denunció rumores sobre un intento
de recompra por parte de los antiguos dueños, la familia Ancira, lo que
calificó como una posible burla para los obreros y sus familias.
Finalmente, los trabajadores
solicitaron que las pensiones se calculen con base en los últimos cinco años y
no en el periodo desde que la empresa entró en concurso mercantil. Además,
expusieron que cerca de tres mil extrabajadores no han recibido las prestaciones
estipuladas en el contrato colectivo, a pesar de haber salido antes del inicio
del proceso judicial.
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