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15 de Agosto de 2024
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El proyecto, que establece
restricciones en la exploración de recursos naturales, fue aprobado por la
Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados en lo general con
30 votos a favor y 7 en contra. Dentro del texto, se indica la protección de reservas
de agua, así como establecer límites en actividades mineras y agrícolas, que
afecten el medio ambiente y la soberanía alimentaria del país.
Una de las principales
modificaciones que impactan en los artículos 4º y 27 constitucionales prohíbe
otorgar concesiones para la explotación, uso o aprovechamiento del agua en
zonas donde su disponibilidad es baja. Por lo que las autorizaciones deberán asignar
el recurso hídrico a centros de población para garantizar el consumo personal y
doméstico.
El dictamen también prohíbe el
uso del fracking o fracturamiento hidráulico en la extracción de hidrocarburos,
salvo en casos excepcionales determinados por el Ejecutivo Federal. Asimismo,
se prohíbe la concesión de permisos para la minería a cielo abierto, salvo en
casos excepcionales, considerados estratégicos para el desarrollo nacional.
Asimismo, se destaca la
soberanía alimentaria, al establecer al maíz como alimento básico de identidad
nacional por lo que deberá estar libre de transgénicos o cualquier modificación
genética. El Estado se compromete a fomentar actividades agropecuarias libres
de semillas genéticamente modificadas, protegiendo así la biodiversidad y la
seguridad alimentaria de la nación.
En lo particular, se aprobó una
reserva con 27 votos a favor y 9 en contra, donde se prohibió el ingreso de
maíces genéticamente modificados para consumo humano y permiten su entrada solo
en modalidades que impidan su germinación, salvaguardando la biodiversidad del
país.
En la discusión, la diputada
Adriana Bustamante Castellanos (Morena) destacó que estas reformas buscan
recobrar la soberanía nacional y proteger a los pueblos indígenas y
afromexicanos del saqueo de sus territorios. Al referirse a evitar la
manipulación genética del maíz, el legislador consideró que es un acto de
soberanía alimentaria, así como un compromiso con la salud.
Por su parte, René Figueroa
Reyes (PAN) criticó las reformas por su falta de visión estratégica y su
posible impacto negativo en la economía, ya que se debe considerar la
prohibición de la minería a cielo abierto en todas sus aristas. Asimismo, se
pronunció por garantizar los medios necesarios para la conservación de áreas
protegidas.
El diputado Rubén Ignacio
Moreira Valdez (PRI) consideró que complementar esta reforma y brindar
precaución se tiene que tener atención en la restauración por parte de empresas
responsables en la explotación de minería a cielo abierto. Al referirse al
maíz, señaló que falta poner atención en las empresas que usan herbicidas, los
cuales son causales cáncer
Por su parte, el diputado
Braulio López Ochoa (MC) puntualizó que la iniciativa prohíbe el fracking, pero
que otorga al Ejecutivo Federal la capacidad de permitir casos específicos.
Con esta reforma, se refuerzan
las protecciones al medio ambiente y los recursos naturales del país, mientras
se promueve una agricultura más sostenible y un control más estricto sobre la
explotación de minerales y recursos energéticos.
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