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2 de Octubre de 2024
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Durante la sesión de
instalación de la Comisión de Energía del Senado, la presidenta del órgano
legislativo, Laura Itzel Castillo Juárez (Morena) se pronunció sobre la
política nacional en la materia, la cual se orienta a recuperar la rectoría
energética y de recursos eléctricos, petroleros y del litio. Resaltó las
acciones a favor de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE).
Destacó que casi un peso del
Presupuesto de Egresos de la Federación proviene de la industria energética,
por lo cual consideró que Pemex no se encuentra en quiebra, subrayando que por
cada peso que recibe de la Federación, la empresa devuelve cuatro pesos.
Al referirse a la generación
verde, la senadora resaltó la adquisición de 13 plantas de la empresa
Iberdrola, con un costo de seis mil 200 millones de dólares, sin endeudar al
país. Aseveró que esta adquisición permitió que la participación de la CFE en
la generación de electricidad aumentara del 42 al 54 por ciento.
Respecto al trabajo
parlamentario, la presidenta de la Comisión de Energía adelantó que realizará
el análisis de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política con el
objetivo de transformar las Empresas Productivas del Estado (EPE) en empresas
públicas. Entre otros temas, señaló la reforma al artículo 28 constitucional,
en materia de simplificación orgánica de los organismos autónomos.
El senador Cuauhtémoc Ochoa
Fernández (Morena) propuso establecer condiciones para lograr que la próxima
administración federal establezca relaciones empresariales en materia de
desarrollo, sin dejar de lado la rectoría y soberanía energético.
En su oportunidad, el secretario de la Comisión de Energía, Agustín Dorantes Lámbarri (PAN) subrayó la importancia de sumar esfuerzos para eliminar obstáculos en el abasto de energía suficiente y de calidad a las poblaciones más alejadas, y para convertir al sector en una oportunidad de empleo bien remunerado.
Por el Partido Verde Ecologista de México, el senador Waldo Fernández González, se pronunció por alcanzar un crecimiento económico cercano al 6%, a través de garantizar condiciones adecuadas para las inversiones en el sector energético.
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