Comisión avala incorporar a organismos autónomos a la Administración Pública Federal

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avaló en lo general, con 22 votos a favor y 17 en contra, el dictamen que reforma la Carta Magna en materia de simplificación orgánica, que tiene como objetivo incorporar siete organismos autónomos a la Administración Pública Federal.

De acuerdo con el dictamen, se propone derogar la fracción IX del artículo 3 Constitucional para que las atribuciones del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) sean atendidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Además, se reforma la fracción VIII del artículo 6 de la Carta Magna, que contempla al INAI, para que la tutela del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales, así como la política de transparencia, se trasladen a la Secretaría de la Función Pública.

En otro punto de la reforma, se deroga un apartado del artículo 26 constitucional, para establecer que las funciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) sean realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En materia energética, se modifica el artículo 28 de la Constitución para extinguir la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), con el propósito de que sea la Secretaría de Energía la encargada de conducir y supervisar la política energética del país.

De igual manera, se propone la extinción de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), para que la Secretaría de Economía garantice la libre competencia y concurrencia, con la obligación de prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones para el funcionamiento eficiente de los mercados.

Se contempla también la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para que, en su lugar, la Secretaria de Infraestructura, Comunicación y Transportes garantice el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones.

En el debate, la diputada Lidia García Anaya (Morena) aseveró que el dictamen tiene como objetivo mejorar la eficiencia, transparencia, la honradez y rendición de cuentas en la prestación de servicios públicos. Señaló la obligación de cuidar los recursos públicos, por lo que afirmó que las reformas no significan una “eliminación de los entes autónomos, sino una simplificación orgánica”.

Al posicionarse en contra, el diputado Santiago Torreblanca Engell (PAN) alertó que, con esta reforma, “ahora el propio gobierno va a autodecidir si da una información pública solicitada o no”. Recordó que fue a través de la transparencia que “se descubrieron los grandes fraudes y excesos de todos los gobiernos”, dijo además que de aprobar este dictamen se regresaría a la opacidad de antaño.

“Ustedes están generando el supremo poder conservador, por eso van contra los órganos autónomos, porque no les gusta la crítica, ni la transparencia, porque ustedes están con los grandes oligarcas de este país”, enfatizó el diputado Rubén Moreira Valdez (PRI), quien señaló que eliminar la Cofece dará paso a los monopolios.

“No existe una simplificación de los organismos autónomos, hay una desaparición”, señaló el diputado Mario Alberto Rodríguez (MC), quien llamó a realizar una valoración histórica, ya que la reforma representa un retroceso, además de que se están “pisoteando” estructuras creadas por una lucha permanente por garantizar la credibilidad de las instituciones.

En la discusión en lo particular, se avaló la reserva del diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (Morena) para establecer que el Poder Ejecutivo Federal por conducto de la dependencia encargada de conducir y supervisar la política energética del país, contará con atribuciones para llevar a cabo la regulación técnica y económica.

Además, la propuesta busca modificar la reforma para señalar que el Ejecutivo Federal, a través de la dependencia encargada de formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precio del país, contará con las facultades necesarias para cumplir con dicho objeto. 

Cabe destacar que el dictamen establece que el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto para realizar las adecuaciones necesarias a las leyes que correspondan para dar cumplimiento.

Finalmente, el dictamen se avaló en lo particular con 22 votos a favor y 17 en contra, por lo que se envió a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.