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23 de Agosto de 2024
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La Comisión de Puntos Constitucionales de
la Cámara de Diputados avaló en lo general, con 22 votos a favor y 17 en
contra, el dictamen que reforma la Carta Magna en materia de simplificación
orgánica, que tiene como objetivo incorporar siete organismos autónomos a la
Administración Pública Federal.
De acuerdo con el dictamen, se propone derogar
la fracción IX del artículo 3 Constitucional para que las atribuciones del Sistema
Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) sean atendidas por la Secretaría
de Educación Pública (SEP).
Además, se reforma la fracción VIII del
artículo 6 de la Carta Magna, que contempla al INAI, para que la tutela del
derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos
personales, así como la política de transparencia, se trasladen a la Secretaría
de la Función Pública.
En otro punto de la reforma, se deroga un
apartado del artículo 26 constitucional, para establecer que las funciones del
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)
sean realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En materia energética, se modifica el
artículo 28 de la Constitución para extinguir la Comisión Nacional de
Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), con el propósito
de que sea la Secretaría de Energía la encargada de conducir y supervisar la
política energética del país.
De igual manera, se propone la extinción
de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), para que la
Secretaría de Economía garantice la libre competencia y concurrencia, con la
obligación de prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas
monopólicas, las concentraciones y demás restricciones para el funcionamiento
eficiente de los mercados.
Se contempla también la extinción del
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para que, en su lugar, la Secretaria
de Infraestructura, Comunicación y Transportes garantice el desarrollo
eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones.
En el debate, la diputada Lidia García
Anaya (Morena) aseveró que el dictamen tiene como objetivo mejorar la
eficiencia, transparencia, la honradez y rendición de cuentas en la prestación
de servicios públicos. Señaló la obligación de cuidar los recursos públicos,
por lo que afirmó que las reformas no significan una “eliminación de los entes
autónomos, sino una simplificación orgánica”.
Al posicionarse en contra, el diputado
Santiago Torreblanca Engell (PAN) alertó que, con esta reforma, “ahora el
propio gobierno va a autodecidir si da una información pública solicitada o
no”. Recordó que fue a través de la transparencia que “se descubrieron los
grandes fraudes y excesos de todos los gobiernos”, dijo además que de aprobar
este dictamen se regresaría a la opacidad de antaño.
“Ustedes están generando el supremo poder
conservador, por eso van contra los órganos autónomos, porque no les gusta la
crítica, ni la transparencia, porque ustedes están con los grandes oligarcas de
este país”, enfatizó el diputado Rubén Moreira Valdez (PRI), quien señaló que
eliminar la Cofece dará paso a los monopolios.
“No existe una simplificación de los
organismos autónomos, hay una desaparición”, señaló el diputado Mario Alberto
Rodríguez (MC), quien llamó a realizar una valoración histórica, ya que la
reforma representa un retroceso, además de que se están “pisoteando” estructuras
creadas por una lucha permanente por garantizar la credibilidad de las
instituciones.
En la discusión en lo particular, se avaló
la reserva del diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (Morena) para establecer
que el Poder Ejecutivo Federal por conducto de la dependencia encargada de
conducir y supervisar la política energética del país, contará con atribuciones
para llevar a cabo la regulación técnica y económica.
Además, la propuesta busca modificar la
reforma para señalar que el Ejecutivo Federal, a través de la dependencia
encargada de formular y conducir las políticas generales de industria, comercio
exterior, interior, abasto y precio del país, contará con las facultades
necesarias para cumplir con dicho objeto.
Cabe destacar que el dictamen establece
que el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 90 días naturales a partir de la
entrada en vigor del presente decreto para realizar las adecuaciones necesarias
a las leyes que correspondan para dar cumplimiento.
Finalmente, el dictamen se avaló en lo
particular con 22 votos a favor y 17 en contra, por lo que se envió a la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados.
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