Cámara de Diputados avala en lo general reforma constitucional sobre empresas estratégicas del Estado

El Pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general el dictamen que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, a fin de establecer que el Estado quedará a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la Nación para reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero.

Cerca de las 21:10 horas, el decreto se aprobó en lo general, por 353 votos a favor y 122 en contra. Dicho documento también establece que no constituirá monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas del litio y servicio de internet que se provea.

Además, se señala que se deberá asegurar el servicio de electricidad en toda su cadena de valor, preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía a través de la empresa pública del Estado que se establezca.

El proyecto de decreto establece en el artículo 27 que, tratándose del litio no se otorgará concesión. Asimismo, se modifica dicho artículo para señalar que, en ningún caso, tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado, cuya esencia es cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio de electricidad.

Cabe resaltar que, en los artículos transitorios, se establece que el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor del decreto para realizar las adecuaciones que resulten necesarias a las leyes secundarias correspondientes.

Al pronunciarse al respecto, la diputada Rocío Abreu Artiñano (Morena) subrayó que las reformas no eliminan el derecho a la inversión del sector privado, sino que buscan cambiar la forma en que se distribuyen las energías en el país. Agregó que el dictamen garantiza un acceso equitativo a la electricidad y fortalece el papel de la CFE como productor principal de energías limpias.

En contraste, el diputado César Augusto Rendón García (PAN) consideró que, con dicha reforma, “estaremos frente a una empresa estatal mayoritaria dirigida por el Estado, sin autonomía de gestión ni marco jurídico y patrimonio propio”, ya que se elimina el enfoque de rentabilidad y competitividad de Pemex y la CFE.

“Uno de los principales propósitos de esta reforma es devolverle a la CFE y a Pemex su carácter de empresas públicas para fortalecerlas y que sigan siendo garantes de los recursos de la nación”, aseguró el diputado Carlos Alberto Rendón García (PVEM), quien indicó que el dictamen acelerará el desarrollo nacional.

El diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) señaló que estas modificaciones tienen como objetivo devolver al Estado una economía mixta y de bienestar. Agregó que las reformas permitirán a los actores privados producir hasta el 44 por ciento de la energía, mientras que la CFE mantendrá el 56 por ciento de la producción, lo que asegura un balance que beneficia a la población.

El diputado del PRI, Mario Zamora Gastélum consideró que la reforma violenta los principios constitucionales en materia de derechos humanos. “Pensemos en el pueblo de México y votemos en contra de esta iniciativa. México necesita una política energética que combine soberanía con competitividad”, afirmó.

Por MC, la diputada Claudia Ruiz Massieu señaló que su bancada no acompañaría la reforma, pues con dicho dictamen, se pierde la oportunidad de conquistar la soberanía energética, de producir energías más limpias, accesibles y sustentables, así como de desarrollar la infraestructura necesaria para aprovechar la relocalización de las cadenas productivas.

Luego de su aprobación en lo general, se procedió a la presentación de reservas al dictamen.