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26 de Junio de 2025
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Con el fin de establecer una ruta de cooperación entre instituciones de seguridad pública, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Entre las disposiciones que integra la normativa se diferencian investigaciones de instituciones policiales bajo la conducción del Ministerio Público, además de establecer la obligación de contar con unidades de investigación certificadas.
En
la presentación del dictamen, la presidenta de la Comisión de Seguridad
Ciudadana, la diputada Jessica Saiden Quiroz (Morena), consideró que el
proyecto complementa las atribuciones de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana al orientarla a dar respuestas eficaces y eficientes ante
los retos de la seguridad pública.
Precisó
que la nueva legislación cuenta con criterios de seguimiento y evaluación del
gasto, incluyendo la intervención directa de la Auditoría Superior de la
Federación. Consideró que uno de los ejes principales de la nueva ley es el
fortalecimiento de la interoperatividad institucional, al establecer la obligación
de integrar información confiable a los registros nacionales
En
el marco de la discusión legislativa, la diputada de Morena Julia Arcelia
Olguín Serna, afirmó que la normativa incorpora el Registro Nacional de
Usuarios de Telefonía Móvil. Al respecto, la legisladora aclaró este
instrumento servirá para cerrar espacios al crimen organizado y a quienes
operan bajo el anonimato, como extorsionadores y secuestradores.
El
diputado César Israel Damián Retes (PAN) indicó que el documento incorpora
elementos positivos, como el fortalecimiento de las instituciones civiles y el
combate a la criminalidad. No obstante, enfatizó que se incluyen instrumentos
de vigilancia injustificada bajo el argumento de seguridad, por lo que las
consideró herramientas de persecución ciudadana.
Por
el Partido Verde Ecologista de México, el diputado Carlos Enrique Canturosas
Villarreal consideró que la legislación dinamiza y fortalece el sistema de
seguridad en el país. Recalcó que la iniciativa busca elevar los estándares
operativos y éticos de nuestras instituciones y destacó que uno de los pilares
de la nueva legislación es la estandarización de procesos y prácticas
policiales.
El
diputado Luis Fernando Vilchis Contreras del Partido del Trabajo expresó que el
dictamen es clave para construir una política de seguridad racional,
profesional y articulada. El legislador recalcó que el enfoque de la nueva ley
se enfoca a priorizar la estrategia conjunta entre los tres órdenes de gobierno
y apuesta por la eficiencia operativa, la transparencia y la modernización
tecnológica.
El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (PRI) denunció que el proceso legislativo careció de transparencia y que el contenido final representa un riesgo para el carácter civil de la seguridad en el país. Señaló que uno de los puntos más graves es la eliminación del carácter civil de la seguridad pública nacional.
La diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas (MC) advirtió que la norma continúa una tendencia de militarización de las instituciones civiles en detrimento del Estado de Derecho. La legisladora lamentó que se optara por una reforma que representa una regresión en materia institucional y de garantías ciudadanas.
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