Avalan incluir delitos de extorsión, tráfico de drogas sintéticas a prisión preventiva

El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general por 94 a favor, 34 en contra y cero abstenciones la reforma al artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa, mientras que en lo particular se obtuvieron 93 votos a favor y 35 en contra. El proyecto incluye al catálogo de delitos la extorsión; delitos relacionados con drogas sintéticas; así como actividades relacionadas a comprobantes fiscales falsos.

El documento se remitió a los congresos locales para su análisis, discusión y posible aprobación para reformar la constitución. 

La senadora Claudia Edith Anaya Mota (PRI) presentó una moción suspensiva del proyecto al considerar que incluir nuevos delitos a la figura de prisión preventiva oficiosa contravenía a tratados internacionales. La propuesta fue desechada con 35 votos a favor y 61 en contra.

Al presentar la propuesta, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Óscar Cantón Zetina (Morena) observó que el dictamen encuentra su origen en incluir conductas que afecten a la sociedad. Mencionó que se añade la extorsión a esta figura, ya que destruye la economía familiar y alimenta al crimen organizado; las conductas relacionadas con drogas sintéticas como el fentanilo, mismas que amenazan la salud pública; y  el uso de comprobantes fiscales falsos que dañan a la economía nacional.

A nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, el senador Enrique Inzunza Cázares (Morena) destacó que la modificación tiene como objeto mejorar la eficacia sobre la persecución de los delitos para su combate. Sin embargo, subrayó que la reforma debe ser acompañada con el fortalecimiento de las capacidades de investigación, así como de políticas públicas. 

La senadora Lucía Trasviña Waldenrath (Morena) destacó que existe una obligación por asegurar los derechos humanos de las víctimas, además que la prisión preventiva oficiosa  es una medida para proteger al pueblo y una barrera contra la impunidad. La legisladora resaltó que esta medida busca evitar que quienes cometan delitos graves continúen dañando a las comunidades.

Al posicionarse en contra, el senador Francisco Javier Ramírez Acuña (PAN) destacó que la prisión preventiva oficiosa se ha convertido en una pena adelantada, la cual lastima la dignidad de la persona e ignora el derecho humano de presunción de inocencia. Recordó que esta figura es un resquicio del sistema penal acusatorio anterior a la reforma de 2008, el cual se conservó debido al periodo de transición de seis años.

Por el Partido Revolucionario Institucional, la senadora Karla Guadalupe Toledo Zamora argumentó que la reforma toca el núcleo de nuestra democracia y del sistema de justicia, dado que la herramienta de la prisión preventiva oficiosa desvirtúa el principio de la justicia. Aseguró que la reforma se sustenta en suposiciones para encerrar a las personas en la cárcel para después realizar el proceso de investigación.

La senadora Juanita Guerra Mena (PVEM) denotó que el dictamen tiene el objeto de actualizar el catálogo de prisión preventiva oficiosa para establecer conductas delictivas graves dentro de esta figura. Comentó que la aplicación de esta herramienta debe realizarse previa solicitud del ministerio público y del juez penal en el momento procesal oportuno y cumpliendo con todos los principios.

A favor del dictamen, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre (PT) mencionó que de enero a julio de 2024 se incautaron drogas con un valor de mil 700 millones de pesos evidenciando el problema y la falta de medidas para frenarlo. En ese sentido, aseveró que la prisión preventiva debe apoyar a detener estos delitos, pero su empleo tiene la obligación de aplicarse en estricta observancia de los principios legales y respetando los derechos humanos. 

El senador Clemente Castañeda Hoeflich (MC) apuntó que la poca eficiencia de la prisión preventiva oficiosa se revela en el incremento de delitos considerados en el catálogo, dado que de 2018 a 2024, se contabilizaron 180 mil víctimas de homicidio doloso. Cuestionó que si esta figura es efectiva por qué no disminuye la criminalidad.

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