Avalan en lo general reformas constitucionales para garantizar pensiones para el bienestar

Luego de más de seis horas de debate, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general, un dictamen por el que se reforman los artículos 4 y 27 de la Constitución, con el objetivo de garantizar una pensión no contributiva a las personas con discapacidad permanente, a las personas adultas mayores de 65 años, así como un apoyo a productores, pescadores y campesinos.

De acuerdo con el decreto que se aprobó en lo general, por unanimidad de 483 votos, señala que las personas adultas mayores de 65 años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva.

Además, se establece que la Federación y las entidades federativas garantizarán la entrega de una pensión no contributiva a las personas con discapacidad permanente menores de 65 años. Además, de que el Estado garantizará la rehabilitación y habilitación de dicho sector, dando prioridad a las personas menores de 18 años.

Se especifica que el Estado garantizará la entrega de un jornal seguro, justo y permanente a campesinos; un apoyo anual directo y fertilizantes gratuitos a productores de pequeña escala; así como un apoyo anual directo a pescadores de pequeña escala. Asimismo, se indica que el Estado mantendrá precios de garantía para el maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero o panificable.

Se señala que el Estado destinará anualmente los recursos presupuestarios suficientes y oportunos para garantizar los derechos que impliquen la trasferencia de recursos directos hacia la población destinarias. Además, de que el monto de los recursos asignado no podrá ser disminuido, respeto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal anterior.

En los posicionamientos de los grupos parlamentarios, el diputado Carlos Alonso Castillo Pérez (Morena) afirmó que la reforma constitucional garantizará la pensión universal para personas con discapacidad y adultos mayores. En dicho contexto, afirmó que el presupuesto de Bienestar ha tenido un aumento “histórico”, pues para 2024 se destinaron aproximadamente 492 mil millones de pesos.

Por el Partido Acción Nacional, el diputado Diego Rodríguez Barroso destacó su posicionamiento a favor de los programas sociales, pues son una herramienta que impulsa a las personas a salir adelante. Indicó que dichos programas deben tener reglas claras, con transparencia y herramientas que permitan su fiscalización para el buen uso de los recursos público.

La diputada del PVEM, la diputada Liliana Carbajal Méndez señaló que, para construir un auténtico Estado de bienestar, es necesario impulsar la inclusión de todos los sectores y regiones al desarrollo, asegurando que nadie se quede atrás en este proceso de transformación. Afirmó que dicha reforma está encaminada a convertir los derechos sociales consagrados en la Constitución.

La diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT) consideró que la “irresponsabilidad de los gobiernos neoliberales nos llevó a una desigualdad significativa en nuestro país”, por lo que, con esta reforma, se abona a que haya justicia para todas las personas, además de que se garantizarán sus derechos en la Constitución.

“Los programas sociales son del pueblo y para el pueblo, no le pertenecen a nadie”, señaló el diputado Christian Mishel Castro Bello (PRI) quien indicó la importancia de revisar otros programas que desaparecieron y que apoyaban a millones de familias, como el de estancias infantiles, comedores comunitarios, entre otros. Se pronunció por construir un México donde el bienestar no sea el privilegio de unos cuantos.

Por Movimiento Ciudadano, el diputado Raúl Lozano Caballero externó su apoyo a los programas sociales, sin embargo, realizó un llamado a formar una política social que no únicamente resuelva de manera momentánea las carencias de ingreso de la población, sino que ataque de fondo sus causas. Propuso, además, que exista un marco regulatorio que busque la eliminación de los intermediarios.

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