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25 de Septiembre de 2024
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Posterior a más de ocho horas de discusión, el Senado de la República avaló en lo general y lo particular el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional. El dictamen, que obtuvo una votación de 86 votos a favor, 42 en contra y cero abstenciones, otorga a esta institución de seguridad el carácter permanente.
El proyecto destaca que los tres órdenes de gobierno,
incluida la Guardia Nacional deben coordinarse para cumplir los fines de la
seguridad pública, las cuales conformarán el sistema nacional de seguridad
pública. Por otro lado, se establece que el personal de este organismo estará
integrado por personal de origen militar con formación policial.
Entre otros temas, el documento menciona que la persona titular de la Comandancia de la institución de seguridad, será designada por la persona titular de la Presidencia de la República a propuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Asimismo, se establece que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública será formulada por la Secretaría de Seguridad Pública y ejecutada por la Guardia Nacional.
Después de la presentación de dos mociones suspensivas emitidas por el PAN y el PRI, las cuales fueron rechazadas, la Mesa Directiva recibió más de 14 Votos Particulares de los diversos grupos parlamentarios.
La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos,
la senadora Citlalli Hernández Mora (Morena) presentó el proyecto y expuso que
la Guardia Nacional es una institución policial de la federación con un esquema
de disciplina especial, formación, profesionalización, definido por una
doctrina policial bajo regulación estricta que garantiza el respeto los
derechos humanos.
El senador Omar García Harfuch (Morena) subrayó la
importancia de contar con instituciones sólidas de seguridad capaces de otorgar
a la Guardia Nacional los insumos para fortalecerse y madurar. En ese sentido,
mencionó que la Sedena y la Secretaría de Marina ocuparan su fortaleza sin
importar el cambio de administración, ya que cuentan con capacitación,
formación y un servicio profesional de carrera.
Por el Partido Acción Nacional, el senador Francisco
Javier Ramírez Acuña sostuvo que las responsabilidades de la Guardia Nacional
deben cumplirse por instituciones civiles y los gobiernos federal y locales.
Agregó que la salvaguarda de los derechos convencionales es vital, además de
dotar de recursos a los estados y municipios para conformar sus cuerpos
policiacos estatales y municipales.
En su intervención, el senador del PRI, Manuel Añorve
Baños manifestó que “(...) la nueva reforma constitucional confirma que la
actual política de seguridad ha fallado (...)”. En su opinión, el legislador
destacó que la falta de resultados en seguridad suman más de 200 mil homicidios
en la actual administración.
Por su parte, la senadora Juanita Guerra Mena (PVEM) planteó que el proyecto otorga un marco jurídico que da certeza a la actuación de las fuerzas armadas, así como a los 130 mil elementos de la Guardia Nacional desplegados en 266 regiones del país. Reconoció que el dictamen otorga al Congreso la posibilidad de legislar en materia de seguridad interior.
Durante su posicionamiento, el senador del Partido del Trabajo, Alberto Anaya Gutiérrez, consideró que no ha sido suficiente la participación de policías civiles, ni de los programas de gobierno por lo que es necesario que participen las fuerzas armadas del país. Al respecto, apuntó que es vital garantizar que la Guardia Nacional tenga continuidad y se coordine con la Sedena.
El senador Clemente Castañeda Hoeflich (MC) recordó
que en 2019 se creó la Guardia Nacional, además de establecer el
fortalecimiento de las policías estatales y municipales bajo un esquema de
corresponsabilidad. Mientras que en 2022 se votó para ampliar el tiempo de
acción por cuatro años más. “(...) ahora se discute una iniciativa que
contradice las anteriores. No hay intención para la salida de las fuerzas
armadas y regresarlas a sus tareas sustantivas (...)”, declaró.
Al concluir la discusión, el dictamen fue remitido a
las legislaturas estatales para los efectos del artículo 135 constitucional, el
cual indica que las reformas adiciones sean aprobadas por la mitad más una de
las legislaturas de las entidades.
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