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8 de Agosto de 2024
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Bajo el tema “Impartición, Procuración de Justicia y Seguridad Pública”, se celebró el noveno y último foro de los diálogos nacionales sobre la Reforma al Poder Judicial en el Congreso de Sinaloa.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el senador Ricardo Monreal Ávila (Morena) reconoció la importancia de abordar la procuración de justicia y seguridad pública para atender una modificación profunda al sistema judicial. Consideró que la justicia debe tomarse como un pilar para la edificación del respeto a la ley y la equidad de la sociedad.
En ese sentido, el legislador detalló que la seguridad pública es el medio idóneo para alcanzar una sociedad en paz y caminar hacia la coordinación de actividades para preservarla a través de la persecución, sanción, salvaguarda de la misma.
En su intervención, el coordinador parlamentario, el diputado Ignacio Mier Velazco (Morena) mencionó la relación de los temas abordados en los foros con los 16 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) que se buscan reformar. Agregó que a esos asuntos se incluyeron dos temas fundamentales la seguridad pública y la defensoría de oficio.
Respecto del primero, mencionó que el tema del noveno foro aborda el tema, mientras que del segundo precisó que de los más de dos millones y medio de temas y asuntos que se ventilan por diferentes razones en el Poder Judicial, el 72 por ciento son atendidos por un defensor de oficio.
“Por eso tocamos estos temas, que son una triada que garantice efectivamente las garantías que establece la Constitución, para contar con una justicia pronta, expedita y gratuita”, declaró.
Al referirse a los alcances de la iniciativa para el sistema de justicia nacional, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), observó que el artículo primero constitucional instituye el valor de los derechos humanos como columna vertebral de una nueva forma de actuar por parte de todas las autoridades del Estado mexicano.
Sugirió que los jueces deben asumirse como corresponsables al momento de actuar y resolver la seguridad pública del país, lo cual se tiene que inscribir pronto en la Carta Magna. En ese mismo sentido, consideró la vitalidad de lograr que exista un relevo en el método de elección de la judicatura en México a fin de lograr cambiar los criterios sociales.
Al inaugurar el foro, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya se pronunció por lograr un nuevo modelo constitucional de justicia capaz de formar jueces, tribunales y fiscales, garantes de la paz social. Consideró que la reforma es un punto toral para alcanzar el acceso a la justicia y el derecho del pueblo.
En su intervención, el diputado Leonel Godoy (Morena)recordó que el ministerio público tiene funciones fundamentales en el sistema penal como primer respondiente. Aseveró que esta propuesta de reforma debe ajustarse a las necesidades de la sociedad.
El diputado Braulio López Ochoa (MC) consideró la forma de lograr los mejores jueces dentro del Poder Judicial, razón por la reflexionó sobre la propuesta de la elección de los juzgadores. En materia de acceso, recalcó que el método debe permitir a las personas convertirse en jueces, magistrados o ministros.
El diputado Rubén Moreira (PRI) sostuvo que la reforma debe convertirse en una oportunidad para abordar la justicia en el país y no sólo sobre la estructura del Poder Judicial. Destacó que en los nueve foros se agregaron temas para hablar de justicia, los cuales permitieron ampliar la discusión.
En ese sentido, propuso que en los transitorios de la reforma se incluyen características para el ejercicio de abogacía a fin de mejorar la calidad de los abogados, la defensa y los litigios.
Al abordar el impacto de la justicia en la seguridad pública, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, señaló la importancia de trabajar en mecanismos agiles para la pre liberación y amnistía de personas indígenas, mujeres, adultos mayores, con enfermedades terminales, discapacidad o víctimas de tortura que no cometieron actos graves o sin una defensa adecuada.
En segundo término, la funcionaria destacó a pesar de la coordinación de autoridades de seguridad federales y locales en la aprensión de objetivos criminales, el trabajo se desmorona cuando un juez decide otorgarle un amparo o libertad condicional.
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